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Responsabilidad del Asesor Fiscal por no presentar documentación, requerida por la AEAT.

por en Fiscal

Responsabilidad profesional del Asesor Fiscal que no presenta la documentación requerida por la AEAT para justificar gastos deducibles del IRPF de sus clientes

Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia 14 Noviembre 2016

Actuación negligente por omisión de una mínima e inexcusable diligencia contraria a la buena praxis que le hubiera llevado a aportar las facturas para evitar los recargos por impago. Su omisión conllevó que la AEAT emitiera la correspondiente liquidación provisional más intereses de demora con la correspondiente sanción

Audiencia Provincial Madrid, Sentencia 379/2016, 14 Nov. Recurso 527/2016

El asesor jurídico demandado vio resuelto su contrato de arrendamiento de servicios por los errores y negligencias que venía cometiendo, entre ellos, uno de especial gravedad que sustenta la reclamación de una indemnización por los daños causados al cliente en el curso de un procedimiento de comprobación tributaria.

Se imputa la responsabilidad por no haber aportado la documentación que obraba en su poder en el procedimiento tributario, a los efectos de poder justificar la deducibilidad de los gastos en la liquidación realizada por el asesor. Que la pérdida de oportunidad para presentar los documentos, con la finalidad de acreditar los gastos deducibles a efectos de IRPF del ejercicio, no fuera absoluta, al haberse podido aportar en sede de recurso contencioso-administrativo, no enerva toda la responsabilidad porque, pese a la existencia de esta posibilidad, el asesor incumplió los deberes mínimos exigibles bajo una argumentación insostenible: que la Administración Tributaria debería aceptar los gastos deducibles, al haber aceptado los ingresos; o que no eran precisas las facturas, sosteniendo que el único elemento de prueba válido eran los libros-registros. Tal actuación supone el desconocimiento de la legislación aplicable.

El incumplimiento de sus deberes profesionales es claro se ha de atribuir al letrado-asesor fiscal, a título de culpa, pues una mínima e inexcusable diligencia en su actuar profesional le hubiera llevado a aportar las facturas. Tal actuación conllevó que la Administración Tributaria, ante la ausencia de documentación respecto de los gastos deducibles por «consumos de explotación» y «otros servicios exteriores», emitiera la correspondiente liquidación provisional por una cuota de 100.335,56 € más intereses de demora.

A su vez, la actuación contraria a los deberes profesionales del letrado-asesor fiscal, se debe de apreciar en el escrito de interposición del recurso de reposición presentado pues mediante otrosí digo «ad cautelam» solicita la suspensión del pago de la deuda hasta que se resuelva por la Administración Tributaria, más sus intereses y recargos, ofreciendo embargo cautelar de bienes inmuebles y muebles.

En consecuencia, al no solicitarse en forma la suspensión, y no encontrarse en ninguno de los supuestos en los que, por excepción, no se precisa la garantía, así error aritmético, material o de hecho, ni ante una sanción, la consecuencia sólo podría ser la de su archivo, y al no abonarse en el plazo establecido, ello implicó el correspondiente recargo, y actuaciones subsiguientes. El cumplimiento de los deberes profesionales por el letrado-asesor fiscal, con una mínima diligencia, hubiera sido presentar la correspondiente garantía de conformidad a los preceptos aplicables, o en su caso, de no ser posible prestarla, recomendar al cliente el pago en el periodo voluntario, incluso solicitar el aplazamiento de la deuda, empero lo que no puede ser de recibo es solicitar un embargo cautelar.

Ahora bien, a los efectos de la cuantificación de la indemnización, la cantidad por gastos deducibles que no podía justificarse, porque no tenía justificación documental, no puede imputarse al asesor sino al propio demandante, como tampoco puede imputarse responsabilidad por no haber recurrido la sanción tributaria porque ésta era en todo caso procedente.

Si es en cambio concepto indemnizable a repercutir al asesor, el recargo por la liquidación al no haberlo abonado en plazo, como también el recargo de la sanción porque debió haber advertido a su cliente de las consecuencias de demorarse en el pago y de que al no haberse formulado recurso la sanción era ejecutiva.

Valora también la Audiencia como circunstancias que moderan la responsabilidad, que se recojan como gastos deducibles algunos que sólo constan en el libro-registro sin justificar con la correspondiente factura, o la incertidumbre en cuanto a si la totalidad de las facturas aportadas al procedimiento cumplían los requisitos para poder entenderse como gastos deducibles respecto de la actividad empresarial del cliente.

La Audiencia Provincial, confirma la responsabilidad del asesor fiscal pero estima el recurso para deducir de la indemnización las cantidades giradas al cliente por cuota y sanción, y moderar el importe de la indemnización en un 25%, lo que finalmente arroja una cuantía de 94.957,26 € como cantidad a indemnizar, frente a los 143.345,57 € fallados en la instancia.

 

Nota.- Nadie está exento de un error directo o de personas de su organización, por lo que es inexcusable realizar la actividad de Asesor sin una póliza de Responsabilidad Profesional. Cuando esto además tiene un coste para el Despacho mínimo, pues de acuerdo con lo negociado con las compañías, se puede tener el riesgo cubierto desde 24 euros mes

Póliza de Responsabilidad Profesional del Despacho

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