201701.10
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Novedades introducidas en el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, por el Real Decreto-ley 3/2016

por en Fiscal

A partir del 1 de enero de 2017 va a ser muy difícil aplazar el Impuesto sobre el Valor Añadido e imposible aplazar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE 3-12-2016), entre otras modificaciones normativas, lleva a cabo dos relativas a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Concretamente, el citado Real Decreto-ley confiere nueva redacción a los artículos 60.2 y 65.2 LGT.

  1. Pago en especie de la deuda tributaria (art. 60.2 LGT)

En relación con el art. 60.2 (pago en especie de la deuda tributaria), aunque se da nueva redacción a todo él, la modificación supone realmente sólo la adición de un segundo párrafo al anteriormente único párrafo del precepto. La comparación entre ambas regulaciones es la siguiente:

Hasta 31-12-2016 Desde 01-01-2017
2. Podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en periodo voluntario o ejecutivo cuando una ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente. 2. Podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en periodo voluntario o ejecutivo cuando una ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente.

No podrá admitirse el pago en especie en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta Ley, las deudas tributarias tengan la condición de inaplazables. Las solicitudes de pago en especie a que se refiere este apartado serán objeto de inadmisión.

La voluntad del precepto es clara. La inadmisibilidad del aplazamiento o fraccionamiento de determinadas deudas tiene por objeto reforzar el pago en efectivo de las mismas, que se vería frustrado si la vía del pago en especie, pese a la citada inadmisibilidad, estuviera abierta.

Como es obvio, la imposibilidad de pago en especie se predica de todos los supuestos de inadmisibilidad del art. 65.2, no solamente de aquellos introducidos por el RD-ley 3/2016.

  1. Inadmisibilidad de aplazamiento o fraccionamiento (art. 65.2 LGT)

Por lo que respecta a los supuestos en los que las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento resultarán inadmisibles (art. 65.2 LGT), el real decreto-ley se suma a la tendencia de los últimos tiempos (Leyes 7/2012 y 34/2015) de ir ampliando su elenco. Concretamente, la actual modificación supone introducir tres nuevos supuestos de inadmisibilidad y modificar el contenido de uno preexistente (retenciones e ingresos a cuenta).

Hasta 31-12-2016 Desde 01-01-2017
2. No podrá ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el Título VII de esta Ley

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

2. No podrá ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el Título VII de esta Ley

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

Respecto de los nuevos supuestos, cabe hacer los siguientes comentarios:

  1. Deudas recurridas y suspendidas, finalmente confirmadas: La suspensión normalmente habrá sido mediante garantía, luego una vez notificada la necesidad de pagar la deuda, tras alcanzar ésta firmeza, lo propio es proceder al cobro voluntario de la misma o, en su defecto, mediante la ejecución de dicha garantía. De ahí que no tenga razón de ser su aplazamiento o fraccionamiento. Aunque la medida operará tanto si ha habido garantía como si no.
  2. Tributos que deban ser repercutidos: Afecta, principalmente, al IVA, aunque también a otros tributos que por ley deban ser objeto de repercusión (ej; II.EE.). La razón de ser de esta modificación es la poca justificación que siempre ha tenido aplazar o fraccionar el pago de unas cantidades que, en la medida en que el sujeto pasivo actúa de intermediario en su recaudación frente a la Hacienda Pública, ya obraban en su poder. De ahí la excepción, lógica, en caso de que no obren efectivamente en su poder, por haber sido repercutidas pero no cobradas.

En el caso del IVA, como la liquidación periódica compensa en su seno cantidades repercutidas y soportadas, se plantea el problema de un eventual divorcio entre la cantidad a ingresar y la cantidad repercutida. En principio, cabe entender que es el saldo a ingresar de la autoliquidación lo que no resulta aplazable ni fraccionable.

  1. Pagos fraccionados del IS: Ya a finales de 2015, el Departamento de Recaudación estableció criterios restrictivos para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago relativos a este tipo de deudas. Tratándose de grandes empresas, debían denegarse sistemáticamente y en los demás casos, en su mayor parte. Se trata de un criterio que, tras la entrada en vigor del nuevo contenido del art. 65.2, queda derogado. En este sentido, la reforma normativa ha ido más allá (inadmisión) de lo que establecía el criterio administrativo (denegación).

Por lo que respecta a las retenciones e ingresos a cuenta, la razón técnica que justifica su modificación es la misma de los tributos repercutidos. En cuanto a su contenido, hasta ahora cabía inadmitir la solicitud o, si concurrían las circunstancias del art. 82.2.b) de la propia LGT (riesgo de que, a pesar de la carencia de bienes suficientes para garantizar la deuda, la ejecución del patrimonio del deudor pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública) concederla. A partir de ahora no resulta aplicable, en ningún caso, la excepción del citado art. 82.2.b). Del esquema inadmisión/concesión se ha pasado, pues, al de inadmisión en todo caso.

En conclusión, aunque existían razones fundadas, de índole técnica, para la ampliación de la inadmisibilidad del aplazamiento o fraccionamiento a los supuestos citados (no, quizá, para la de los pagos fraccionados del IS), ha sido la urgencia de consolidar las finanzas públicas (reconocida en el propio texto del real decreto-ley), el detonante de su aprobación. De no haber existido la presión de las autoridades europeas para la reducción del déficit público -el famoso ajuste presupuestario de 5.500 millones de euros-, las citadas necesidades técnicas (reales y correctas), probablemente hubieran sido orilladas.

Las modificaciones resultan aplicables a las solicitudes que se formulen a partir de 1 de enero de 2017 (DT Única RD-Ley 3/2016, interpretado contrario sensu).


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