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Las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica tendrán que relacionarse obligatoriamente con al Administraciones Pública por vía electrónica

por en Juridico

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  el próximo 2 de octubre de 2016, las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica tendrán que relacionarse obligatoriamente con al Administraciones Pública por vía electrónica.

Ante la ya inminente, tras un año vacatio legis, entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la AEAT ha emitido un comunicado, con fecha 28/09/2016, donde recuerda, que, entre otros, las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

De esta forma, la ya extendida utilización del registro electrónico para la relación electrónica de notificaciones o presentación de documentos y solicitudes se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Ámbito aduanero

En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico, excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

Exclusión de la obligación

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).

Sanción ante incumplimiento

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Acceso al Registro electrónico de la Agencia Tributaria

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