201703.13
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La grabación de imágenes por cámaras de vídeo-vigilancia sin aviso previo al empleado se admitirán como prueba para el procedimiento de despido.

El Tribunal Supremo unifica doctrina sobre la aceptación como medio de prueba de la grabación de imágenes por cámaras de vídeo-vigilancia sin el aviso previo al empleado y obliga a un juzgado de lo Social a admitirlas y volver a emitir sentencia sobre un despido desestimado inicialmente.

grabacion

La STS de 31/01/2017, basándose en otras como la TSJ Madrid, Sala de lo Social, nº 84/2015, de 09/02/2015, Rec. 886/2014, ha unificado doctrina en relación con la vulneración del derecho a la protección de datos del trabajador ante falta de información previa sobre la finalidad y el objetivo de la instalación de cámaras de video-vigilancia. Para el Alto Tribunal, las imágenes obtenidas podrán ser consideradas como prueba válida para el despido a pesar de no haberse notificado al trabajador la posibilidad de su utilización con motivos disciplinarios.

Para la Sala IV la prueba es válida ya que los empleados conocían la presencia de las cámaras de vídeo-vigilancia -dada la existencia de un letrero que indicaba su existencia así como su ubicación-, por lo que no resulta necesario un consentimiento explícito de los trabajadores al presuponerse con la mera existencia de la relación laboral.

La nueva sentencia sigue el camino marcado por la STC 39/2016, de 3 de marzo de 2016 (Recurso de amparo 7222-2013), en la que el Tribunal Constitucional había considerado suficiente con el contenido y el diseño del distintivo informativo (ajustado a la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos), con una mención a la finalidad para la se tratan los datos («zona videovigilada») y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los arts. 15 y siguientes de la LOPD, para no entender vulnerado el art. 18.4, Constitución Española y por lo tanto permitir la utilización de las imágenes para el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador.

En resumen, en aplicación de la nueva doctrina jurisprudencial unificada hemos de entender posible la imputación de faltas justificadas por grabaciones de seguridad a pesar de la falta expresa de comunicación al trabajador de la utilización de las mismas con motivos disciplinarios.

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