201702.21
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Improcedencia de interponer Recurso Extraordinario de Revisión una vez interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo.

 El artículo 244 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003 dispone:

            «1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

  1. a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.
  2. b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados nulos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquélla resolución.
  3. c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme».

El recurso de revisión, dada su naturaleza excepcional y extraordinaria, no puede ser eficazmente interpuesto más que por alguno de los motivos taxativamente señalados en las leyes, los cuales son materia de interpretación estricta, estando vedada su aplicación analógica y extensiva a supuestos no contemplados por el legislador, según han puesto de relieve numerosas resoluciones de este Tribunal Económico-Administrativo Central en armonía con reiteradas decisiones jurisprudenciales del Tribunal Supremo, por lo que se hace necesario –ante todo– dilucidar si el recurso que se analiza se funda en alguno de los motivos que enumera el artículo 244.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 Antes de entrar a analizar la concurrencia del supuesto previsto en el apartado a) del mencionado artículo 244.1 de la Ley General Tributaria se impone examinar si estamos en presencia de “actos firmes de la Administración tributaria” o de ”resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos”, pues la excepcionalidad del presente recurso se sustenta en la firmeza de los actos administrativos impugnados, imponiéndose la inadmisión del mismo cuando el acto impugnado no hubiera causado estado, derivándose en aquellos casos la acción impugnatoria del reclamante a las vías ordinarias de revisión.

Por tanto, la cuestión que hay que dirimir, es si la firmeza exigida en el artículo 244 de la Ley General Tributaria abarca sólo a la vía administrativa o si se extiende asimismo a la judicial, es decir, si para que sea firme es necesario que el acto no sea susceptible de recurso contencioso administrativo alguno, bien por haber dejado transcurrir los plazos establecidos, bien porque ya no hay una instancia superior o se ha agotado la posibilidad de ulterior recurso.

Dicha cuestión no ha estado exenta de polémica doctrinal. Así, mientras cierto sector doctrinal ha venido entendiendo que la firmeza sólo es exigible en vía económico-administrativa, otros sostienen que la firmeza se predica de todo acto respecto al que no es posible interponer recurso ordinario, administrativo o judicial.

Este Tribunal Central sostiene el criterio (resoluciones de 7 de junio de 2011) de que no cabe simultanear este recurso con el recurso contencioso-administrativo, pues el artículo 244 LGT lo circunscribe a los actos y resoluciones firmes, a diferencia del artículo 118 de la LRJ y PAC que atiende a los actos firmes en vía administrativa. La firmeza contemplada en el artículo 244 LGT exige el agotamiento de todas las vías ordinarias de revisión, tanto administrativas como jurisdiccionales. Por otra parte, una vez interpuesto recurso contencioso-administrativo, cuando recae sentencia y ésta adquiere firmeza, tampoco cabe recurso extraordinario de revisión en aplicación de lo dispuesto en el artículo 213.3 LGT

En efecto, aunque el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que este recurso puede interponerse contra los actos firmes en vía administrativa, lo que parecería decantarse por la exigencia de firmeza exclusivamente en vía administrativa, recordemos que dicho artículo no es aplicable al caso concreto que estamos analizando, ya que la disposición adicional quinta de la propia Ley 30/1992 establece que “la revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.” Es decir, la revisión de los actos dictados en materia tributaria, como es el caso presente (recurso extraordinario de revisión de un recurso de reposición interpuesto contra una liquidación provisional por el Impuesto sobre Sociedades) deberá regirse por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones de desarrollo, y sólo de forma supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 30/1992.

Por tanto, en la medida que el artículo 244 de la Ley General Tributaria establece “el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos”, este Tribunal entiende que para interponer este recurso es necesario que el acto sea firme en vía administrativa y judicial, es decir, que no quepa interponer ninguno recurso ordinario, sea éste administrativo o judicial.

Criterio: 

No cabe simultanear este recurso con el recurso contencioso-administrativo, pues el artículo 244 Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) lo circunscribe a los actos y resoluciones firmes, a diferencia del artículo 118 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que atiende a los actos firmes en vía administrativa. La firmeza contemplada en el artículo 244 LGT exige el agotamiento de todas las vías ordinarias de revisión, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Por otra parte, una vez interpuesto recurso contencioso-administrativo, cuando recae sentencia y ésta adquiere firmeza, tampoco cabe recurso extraordinario de revisión en aplicación de lo dispuesto en el artículo 213.3 LGT

Artículo 213. Medios de revisión.

  1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante:
  2. a) Los procedimientos especiales de revisión.
  3. b) El recurso de reposición.
  4. c) Las reclamaciones económico-administrativas.
  5. Las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa, cualquiera que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217, rectificación de errores del artículo 220 y recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley.

Las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán ser declaradas lesivas conforme a lo previsto en el artículo 218 de esta ley.

  1. Cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones ni las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas.

Fuente: DOCTRINA Y CRITERIOS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, resolución: 01799/2016/00/00  Fecha de la resolución: 02/02/2017.

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