201701.17
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Anulación de cinco cláusulas abusivas en una hipoteca

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que se anulan cinco cláusulas abusivas en una misma hipoteca, revoca una sentencia anterior en la que se fallaba a favor del banco, por entender que el demandante no era considerado un consumidor, por entender que el inmueble en el que residían los demandantes, se regentaba un negocio de mercería y lencería.

La Audiencia por su parte, entiende que el demandante sí es consumidor, ya que “no existe elemento alguno que permita atribuir al dinero procedente de dicho préstamo una finalidad profesional o empresarial”. “Tampoco es relevante la compra de un vehículo mediante la figura del arrendamiento financiero -documento también bastante defectuoso que dificulta su adecuada lectura-, pues en modo alguno se ha acreditado que el demandante y ahora apelante, ejerciera comercio alguno”.

Respecto a la cláusula suelo, se fijan dos argumentos, la tesis defendida por el banco acerca de que «se ha facilitado a la parte actora un real conocimiento de la misma, que es clara y comprensible», y la mantenida por el demandante «les fue impuesta sin posibilidad de negociación».

La Audiencia de Pontevedra, entiende que la disposición es clara y comprensible desde el punto de vista lingüístico y gramatical, pero que no queda constancia de que se hubiese ofrecido la información clara y transparente del alcance de la misma a las personas que suscribieron el préstamo.

Sin embargo, la Audiencia no falla a favor de la retroactividad ya que, “procede la declaración de nulidad de la cláusula suelo invocada, pero no así la devolución de las cantidades que por este concepto hayan sido pagadas”.

Otra de las cláusulas declaradas abusivas, fue la relativa al redondeo al alza del tipo de interés aplicable. Se entiende que la misma no fue negociada individualmente, y que va en contra de las exigencias de la buena fe, causando un perjuicio en el consumidor, en desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes.

Por último, otra cláusula abusiva fue la relativa a la notificación previa del tipo de interés, por que el demandante tendría que correr con los gastos y costas de los procedimientos judiciales o extrajudiciales que el banco iniciara para exigir el pago o el cumplimiento de lo pactado, por la que se obligaba a pagar al consumidor una comisión fija de 30,05 euros. Según la sentencia, «Es claro que la cláusula supone imponer al consumidor incumplidor una carga carente de fundamento».


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